Autoridades regionales, provinciales y distritales, firmaron pacto que promueve la ética e integridad pública en las instituciones previo a las elecciones generales 2026.
Tras haber firmado dicho pacto, asumen un rol fundamental en la implementación de medidas preventivas concretas. Es necesario establecer mecanismos de control interno, capacitaciones al personal, y protocolos claros que impidan el uso indebido de los recursos públicos.
En el marco de las próximas elecciones generales 2026, la Comisión Regional Anticorrupción de La Libertad, convocó a autoridades regionales, provinciales y distritales a suscribir el “pacto de rechazo al proselitismo político”, con el propósito de evitar acciones de tinte político que infrinjan las actuales normas electorales.
Esta medida busca fortalecer una cultura de valores y principios de integridad pública en el ámbito territorial, tomando en cuenta Decreto Supremo N.º 169-2021-PCM, que modifica el Reglamento de la Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, y una de las funciones de la Comisión Regional, es promover acciones destinadas a fortalecer una cultura de valores y principios de integridad pública en el ámbito territorial.
4 puntos claves
Este pacto refleja el compromiso con la ética y la integridad pública en las instituciones, con la firme intención de actuar siempre en busca de construir una mejor región para los y las liberteñas. El compromiso es tomar en cuenta 4 puntos clave, entre ellos: la neutralidad, vigilando y asegurando el uso idóneo de los bienes económicos, humanos y logísticos de nuestras entidades, rechazando su uso para fines de proselitismo político, el respeto a la institucionalidad y la separación entre las funciones gubernamentales y las actividades políticas, fortalecimiento de la transparencia en acciones y decisiones, asegurando que éstas se realicen en beneficio de la comunidad y no para obtener ventajas políticas, promover la fiscalización ciudadana y el compromiso a rendir cuentas de las acciones que se tomen, evitar cualquier uso indebido para fines políticos.
Como Gobierno Regional se busca asegurar un ambiente político más transparente y justo, en el que se evidencie que las decisiones y acciones de los líderes se basan en el bien común, mas no en intereses políticos, y de esta manera fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, tomando en cuenta que este compromiso contribuirá a prevenir el uso indebido de los bienes logísticos, humanos o económicos, de las instituciones públicas, para fines de proselitismo político.
Autoridades comprometidas
Los representantes de las instituciones públicas que firmaron este pacto pertenecen al gobierno regional, municipalidad provincial de Trujillo, municipalidad de Florencia de Mora, la jefa de la defensoría del pueblo, vicegobernadora Joana Cabrera, el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, la presidenta de la Comisión Regional Anticorrupción, la coordinadora de Mesa de Concertación por la Lucha contra la Pobreza, el secretario técnico de la Comisión Regional Anticorrupción, el director de la Oficina Desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores en Trujillo, y el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Trujillo.
Las autoridades, tras haber firmado dicho pacto, asumen un rol fundamental en la implementación de medidas preventivas concretas. No basta con declarar el rechazo al proselitismo; es necesario establecer mecanismos de control interno, capacitaciones al personal, y protocolos claros que impidan el uso indebido de los recursos públicos, están obligados a emitir directivas y disposiciones internas que regulen el uso de bienes y servicios, así como a promover una cultura de integridad al interior de sus entidades, por su parte, la Comisión Regional Anticorrupción de La Libertad seguirá acompañando, vigilando y asesorando este proceso.
